El Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE, al que pertenece España como país donante, ha publicado en estos días el informe preliminar sobre la ayuda al desarrollo en el mundo en el año 2023 junto a las cifras provisionales de los 31 países que forman parte de este organismo. El informe recoge el descenso de las cifras globales de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) de España, que habrían pasado del 0,3% del Producto Interior Bruto (PIB) en el año 2022, al 0,24% en 2023, un retroceso que adquiere especial importancia al producirse en el año de aprobación de la Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global. Esta normativa pretende impulsar una profunda reforma en la política de cooperación al desarrollo de España y recoge en el punto 6 de su artículo 1 como compromiso explícito: “España destinará, al menos, el 0,7% del PIB a la AOD, conforme a los criterios acordados en el seno de la OCDE, en el horizonte del año 2030″, una petición que contó con un amplio respaldo social y político.

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La desigualdad creciente es el mayor reto al que se enfrenta hoy la humanidad. Implica la exclusión o discriminación en las oportunidades de vida, es permanente y estructural, y supone un profundo deterioro en las condiciones de vida digna de las personas. Además, atenta contra todos los derechos humanos que garantizan una vida verdaderamente humana, como son el trabajo digno, la alimentación, el agua y el saneamiento, la vivienda, la salud, la educación, la participación o un medio ambiente saludable. Y afecta, sobre todo, a los países más empobrecidos del Sur global……..

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En 2023, la cooperación española representó solo un 0,24% del PIB, pero en un momento de retroceso en ayuda al desarrollo en numerosos Estados, el país nada a contracorriente y mantiene su compromiso de lucha contra la pobreza

Si el lector de esta noticia tiene más de 40 años, recordará o incluso habrá participado en alguna acampada o manifestación para pedir que se dedique el 0,7% del PIB a ayuda al desarrollo. La reivindicación tiene más de medio siglo y fue adoptada por España en los años noventa, aunque nunca se ha alcanzado. Ahora, el tiempo apremia, porque el objetivo, plasmado en una ley, es cumplir la meta en 2030. Las últimas cifras muestran que este país, en números, está muy por detrás de las principales naciones europeas, pero que su compromiso sigue intacto en un momento en que Estados Unidos, Reino Unido, Francia o Alemania están cerrando el grifo de la cooperación.

Lee esta noticia entera en El Pais 2-03-2025